Tema: Contratación Estatal

Los contratos relacionados con actividades asociadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables no pueden asimilarse a contratos de obra pública.
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Se busca modificar el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, respecto de los documentos tipo para la confección de los pliegos de condiciones que se apliquen para todos los procesos de selección mediante licitación pública que deban surtirse para la celebración de toda clase de contratos estatales, no solo los que tengan que ver con infraestructura.
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La Corte consideró que la remisión del artículo 6 contenida en el Parágrafo del artículo 8 de la Ley 1738 de 2014 se encuentra ajustada a la Constitución frente a la vulneración del artículo 338 Constitucional, en lo que tiene que ver con la certeza de la vigencia de los tributos, pues no existió duda acerca de los elementos estructurales de la “contribución de los contratos de obra pública o concesión de obra pública y otras concesiones” la cual no fue controvertida por ninguno de los intervinientes; y otras.
Publicado en: Jurisprudencia
Los contratos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, así como los concernientes a la comercialización y demás actividades comerciales e industriales no constituyen hecho generador de la contribución de obra pública.
Publicado en: Jurisprudencia
Exclusión del IVA en contratos interadministrativos de alquiler de maquinaria y equipo, operarios y combustible prestado por empresas públicas y privadas.
Suscripción de convenios donde la entidad estatal aporte recursos en especie.
Contratación de capacitaciones para funcionarios públicos.
Contratos para el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación como causal de contratación directa.
Las inhabilidades establecidas en el artículo 30 de la Ley 617 de 2000 y el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 en relación a quienes se desempeñan como ministros, directores de departamentos administrativos, o tienen a su cargo la ordenación de gasto en esta clase de órganos, comienzan a regir doce (12) meses antes del día de la elección.
El elemento temporal de la inhabilidad por haber ejercido cargo del nivel directivo se configura aun cuando la renuncia se presente el día anterior a tomar posesión del cargo.
Publicado en: Jurisprudencia

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