Tema: Procesal

Las personas jurídicas tienen capacidad para actuar hasta cuando son liquidadas y la liquidación se termina cuando se inscribe en el registro mercantil la cuenta final de liquidación, que es el momento en que las sociedades desaparecen del mundo jurídico.
Publicado en: Jurisprudencia
Los pagos efectuados por el impuesto de timbre nacional en exceso de la tarifa aplicable, carecen de fundamento legal, y por lo tanto, constituyen un pago en exceso o de lo no debido, que da derecho al contribuyente a solicitar su devolución.
Publicado en: Jurisprudencia
Consecuencias contables de la corrección de errores.
El hecho generador del impuesto de Industria y Comercio es la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios gravadas, de manera que otros aspectos, como la fecha fijada para su declaración, no inciden en la determinación de la obligación tributaria, pues esta se perfecciona cuando se configura el hecho generador.
Publicado en: Jurisprudencia
Imposibilidad de extender el beneficio de auditoría en renta a la declaración de IVA.
Publicado en: Jurisprudencia
Posibilidad de que los contribuyentes lleven como costo fiscal el autoavalúo o el avalúo formado o actualizado. Nulidad del numeral 3 del artículo 7 del Decreto 326 de 1995.
Publicado en: Jurisprudencia
Si la liquidación oficial de revisión sometida a control jurisdiccional es declarada nula, desaparece el fundamento de la sanción por devolución y/o compensación improcedente y, en consecuencia, también procede la nulidad de la sanción.
Publicado en: Jurisprudencia
Los contratos relacionados con actividades asociadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables no pueden asimilarse a contratos de obra pública.
Publicado en: Jurisprudencia
Disminución de la inversión suplementaria al capital asignado, no requiere autorización de la Superintendencia de Sociedades.
El establecimiento de un término mínimo de medida de seguridad equivalente al de la pena prevista en la Ley, desconoce límites constitucionales como la dignidad humana, la libertad, el debido proceso y el deber del estado de garantizar a los inimputables el acceso efectivo a la atención y asistencia médica para su recuperación y rehabilitación social; y otras.
Publicado en: Jurisprudencia