Jurisprudencia

Jurisprudencia

En la forma de contabilización de los noventa días para la liquidación del contrato de trabajo de trabajadores oficiales, éstos deben entenderse como días calendario.
Para efectos de la configuración de la cosa juzgada constitucional en materia de indexación de la primera mesada pensional, es necesario que el punto del litigio verse sobre el reconocimiento del derecho, mas no sobre la forma en cómo se actualiza la prestación.
El empleador debe suministrar el equipo de protección adecuado según la naturaleza del riesgo que reúna las condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario -cascos en general, para los trabajadores que estén expuestos a recibir golpes en la cabeza por proyecciones o posibles caídas de materiales pesados-.
La formalización laboral de las madres comunitarias por medio de un contrato de carácter privado, corresponde a la potestad del Legislador para establecer una u otra modalidad de contrato, acorde con los derechos y garantías mínimas de los trabajadores; y otras.
El deber de atender la reclamación por la indemnización derivada de accidente de tránsito en el que participen vehículos no asegurados con póliza SOAT recae de manera concurrente en la ADRES y la firma auditora.
Para ser beneficiario de las prerrogativas transitorias para acceder a la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo, es necesario acreditar las exigencias del inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, pues las dispuestas en su parágrafo consagran las requeridas para obtener la pensión ordinaria de vejez en el régimen general.
Cuando las Salas de Descongestión creadas para la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia consideren procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, devolverán el expediente a la sala de Casación Laboral para que esta decida.
La motivación en las renuncias de los servidores públicos, efectos e implicaciones.
La falta de normativa gubernamental para el tratamiento de una patología, la ausencia de protocolo o política pública para la adquisición de un medicamento esencial y el carácter de huérfana de una enfermedad, no absuelven a la clínica de su deber de prudencia y diligencia.
Los empleadores no pueden abusar de su posición imponiendo condiciones para contratar o hacer descuentos.