Jurisprudencia

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La causal de despido por reconocimiento de la pensión de vejez no demanda el cumplimiento del presupuesto de la inmediatez, pues se trata de una causal objetiva desligada de la conducta del trabajador, mientras que el aludido requisito aplica solo frente a conductas que suponen un juicio de valor o un reproche, como son el incumplimiento de las obligaciones laborales, observancia del régimen disciplinario, deber de actuar de buena fe y lealtad, acatar las medidas de seguridad en el empleo, entre otras.
Si bien el régimen de ahorro individual con solidaridad es gestionado por administradoras que están sujetas al estatuto financiero, no puede perderse de vista su función dentro de la seguridad social como servicio público -las regulaciones comerciales son incompatibles con el sistema pensional-.
La pensión de vejez en el régimen de ahorro individual se financia: i) Sólo con los aportes contenidos en la cuenta de ahorro individual y los rendimientos financieros que ellos generen, ii) Ora con estos y con los bonos y, o, títulos pensionales si a ellos hubiese lugar y iii) En eventos específicos, cuando se cumplen las condiciones previstas por el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, con la garantía de pensión mínima.
Aplicación y alcance del artículo 322 del Código General del Proceso, en el marco de acciones de tutela tramitadas y decididas en sede de instancia por parte de las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Sustentación del recurso de apelación; y otra.
En tratándose de suspensión del pago de la pensión de invalidez le corresponde a la entidad administradora adelantar y acreditar las diligencias tendientes a procurar la revisión del estado de invalidez del actor, para determinar si hay o no lugar a su procedencia.
Posibilidad de reclamar alimentos sin sujeción a la culpabilidad o al elemento subjetivo de la conducta en la ruptura del vínculo, cuando uno de los integrantes de la pareja se encuentre en situación de necesidad demostrada.
Suspensión provisional de varios apartes del Decreto 092 de 2017, por el cual se reglamenta la contratación con ESAL.
Responsabilidad civil del empresario constructor que a título de venta enajena el inmueble que ha levantado. Aplicación del ordinal 3 del artículo 2060 del Código Civil.
El procedimiento legislativo de la norma que regula el destino de los recursos para la conservación de páramos se cumplió en debida forma, con los principios de consecutividad, identidad flexible y unidad de materia. La asignación de estos recursos a parques nacionales naturales, además de las Corporaciones Autónomas Regionales, no vulnera los principios de legalidad y certeza del tributo establecido para tal objeto, ni la autonomía de las CAR.
La portabilidad de la cédula de ciudadanía si bien se exige en algunos escenarios que aseguran la participación del ciudadano en la actividad política del país y para el ingreso a determinados sitios públicos o para la realización de determinadas actividades, no llevarla consigo no puede implicar una sanción, pues violaría el principio de legalidad.