Jurisprudencia

Jurisprudencia

Identidad de causa y objeto para la configuración de la cosa juzgada.
La inexistencia de prejudicialidad en el trámite de la insolvencia, así como la prevalencia de las normas que regulan esta figura en el proceso liquidatorio, resultan acordes con los mandatos constitucionales que surgen de los artículos 2 y 13 de la Carta Política y de las normas del bloque de constitucionalidad concordantes, en cuanto no vulneran los derechos a la protección de los bienes y derechos en condiciones de igualdad de los acreedores.
La Corte Constitucional unificó y realizó ajustes a su jurisprudencia en relación con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y el alcance de la condición más beneficiosa en cuanto al régimen aplicable a estas pensiones, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005.
La Corte en sede de casación no puede admitir la transacción de las partes más allá de entenderla como un desistimiento del recurso.
La Corte Constitucional precisó que por regla general, los empleados públicos que desempeñan cargos de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada. Asimismo, indicó que quien ha cumplido las semanas mínimas de cotización y solo le falta acreditar la edad para acceder a la pensión de vejez no tiene el carácter de prepensionable; y otra.
Indebida motivación de la sentencia que otorga la custodia al padre de los menores en proceso de custodia y cuidado personal del menor. Vulneración del derecho de la mujer a una vida libre de violencia al desconocer la situación de violencia intrafamiliar denunciada por la madre de los menores.
Los certificados laborales expedidos por quien tiene atribuciones de representar al empleador en sus actos jurídicos ante trabajadores y terceros, deben entenderse como un medio de convicción proveniente del empresario.
Se configura el silencio administrativo positivo cuando la Administración dicta la resolución que resuelve el recurso de reconsideración y notifica irregularmente la misma por edicto.
Se vulnera el derecho al debido proceso cuando la motivación que concede el habeas corpus es insuficiente y no se constata efectivamente la existencia de una privación injusta de la libertad.
Marco normativo y jurisprudencial en relación con el pago de incapacidades laborales superiores a los 540 días. Reiteración de jurisprudencia.