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La sanción por clausura de establecimiento de comercio

POR JAIME CASTRO BORRERO
ABOGADO TRIBUTARISTA
 

Ante una consulta de una amable lectora de esta columna, nos referiremos en esta oportunidad a la naturaleza jurídica de esta sanción. Empecemos por señalar que la misma tiene consagración legal en el artículo 657 del Estatuto Tributario, que en seis literales, consagra las causales para clausurar un establecimiento de comercio, cuando, a juicio de la administración, quien ejerce la actividad mercantil, incurre en cualquiera de las causales señaladas en la ley, como generadores de tal sanción.

 

Debemos empezar por recordar que el establecimiento de comercio es un concepto legal, el cual es muy común la errónea interpretación de su concepto. En efecto, precisemos que el establecimiento de comercio no es un sitio físico, ni un lugar donde se ejerce la actividad mercantil. El artículo 515 del código de comercio habla que " se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa." Ahora, que esos bienes organizados pueden estar ubicados en un sitio, es otra cosa, pero en ningún momento podemos señalar que el establecimiento de comercio es el sitio, pues, dentro de los componentes del establecimiento de comercio pueden estar intangibles, como lo indica los numerales del artículo 516 ibídem, como es el caso de los contratos de arrendamiento o las marcas comerciales.

Precisado lo anterior, hablaremos que la norma fiscal sanciona la clausura del establecimiento refiriéndose a un sitio, que podrá coincidir con su lugar de habitación. Tal vez, de ahí provenga la confusión de la que hablamos. Si coincide el lugar de habitación con su lugar de operación mercantil, si llegase a presentarse el cierre, este sólo cabe para el sitio como lugar mercantil y no se le podrá impedir que lo utilice como vivienda. Se clausura como lugar donde funciona el negocio, pero no como sitio donde vive. Ahora, para fines didácticos, agruparemos las causales en el mismo orden establecido por el artículo 657 así:

El primer grupo estará conformado por aquellos casos en que se expidan las facturas para el caso de omisión de los requisitos legales señalados en los numerales, b), c) d), e) f) y G), del artículo 617 ibídem, esto es, que la factura no contiene el nombre del emisor de la misma; omite la fecha de expedición; el número consecutivo de la misma, descripción de la operación y el valor de la misma. Se sanciona con la clausura, salvo que, se trate de una entidad que preste servicios públicos o, su aquella cuya clausura genere un grave daño a la comunidad, caso en el cual, se impone la sanción prevista en el artículo 652 ibídem, es decir, una sanción equivalente a 950 UVT, es decir, $24.746.550 para el año 2.012.

El segundo grupo lo constituye el hecho que se lleve doble contabilidad , doble facturación o que la factura o el documento no se encuentre registrado en la contabilidad.

El tercer grupo estará constituido por aquellas conductas referidas al hecho que las materias primas o los bienes que integran el inventario, o las mercancías recibidas en consignación sean aprehendidas por violación al régimen aduanero. En este caso la sanción sólo se impondrá cuando quede en firme en la vía gubernativa (discusión ante la misma administración) el acto administrativo de decomiso. Esta es una expresión del derecho de defensa, pues nadie podrá ser condenado, hasta tanto no se oído y vencido en juicio.

El cuarto grupo lo general el hecho que el responsable perteneciente al régimen simplificado no exhibe en lugar visible al público el documento donde consta su inscripción al RUT y que pertenece al régimen simplificado.

Un último grupo de causales, está compuesto por la conducta consistente en que el responsable del régimen común o el agente retenedor , haya omitido presentar su declaración del IVA, o en mora en la cancelación del saldo a pagar, superior a tres (3) meses contados a partir de la fecha de vencimiento para la presentación y pago señalados por el administrador tributario. No habrá lugar a clausura del establecimiento para aquellos contribuyentes que la mora se deba a la existencia de saldos a favor pendientes de compensar.

Para la aplicación de esta sanción de clausura, las autoridades de policía deberán prestar su colaboración, en el evento que el administrador tributario la solicite.

En resumidas cuentas, para los contribuyentes pertenecientes al régimen común del IVA aplican estas los literales a), b), c) y f) del artículo 657. Para los pertenecientes al régimen simplificado sólo aplica el literal e) es decir, cuando no exhiba en lugar visible al público, el documento donde conste su inscripción al RUT donde conste que pertenece al régimen simplificado.

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