Se adiciona la Sección 12 al Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Planeación Nacional, con el fin de reglamentar las particularidades para la implementación de Asociaciones Público Privadas en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Se modifica parcialmente la estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Se modifican y adicionan las disposiciones relacionadas con la administración de los bienes del FRISCO de las que trata el Título 5 de la Parle 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.

Prohibición contenida en el artículo 10 del Decreto 128 de 1976 aplicable a los miembros de las juntas o consejos, gerentes y directores de entidades descentralizadas nacionales impide la contratación de sus servicios profesionales con las entidades indicadas en la norma, sin que eso incluya la vinculación legal y reglamentaria con las mismas.

Se modifica la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Se deroga el Capitulo 2, Titulo 3, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.

Suspensión provisional de varios apartes del Decreto 092 de 2017, por el cual se reglamenta la contratación con ESAL.

Se busca modificar y adicionar las disposiciones relacionadas con la administración de los bienes del FRISCO de las que trata el Título 5 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.

Se busca modificar el Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, en lo relacionado con la información y movilización de activos del estado y se adiciona el Capítulo 6 al mismo Título con reglas sobre el saneamiento de bienes inmuebles de la Nación.

La enajenación temprana de bienes sujetos a medidas cautelares bajo la administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) y en proceso de extinción del dominio, constituye una medida razonable, proporcionada y necesaria, que cumple una finalidad legítima e imperiosa; y otras.