El límite general para la inversión en títulos o valores participativos establecido para los fondos de inversión colectiva cerrados es del 5%, límite que considera tanto aquellos FIC que invierten en títulos de deuda, como los que invierten en títulos participativos para los fondos obligatorios que admiten esta inversión.

Se modifica la Resolución Externa No. 2 de 2019.

Cumplimiento de las instrucciones para la apertura de cuentas para el manejo de los recursos de las campañas políticas y partidos políticos, y otorgamiento de las pólizas de seriedad de la candidatura para elecciones legislativas de 2022.

Se busca dictar disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la Ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad del sistema de salud.

Reiteración Circular No. 01 de 21 de enero de 2020 sobre Inembargabilidad de los Recursos del SGSSS y sus Excepciones y Responsabilidad Fiscal por Pago de Intereses de Mora o Sanciones.

Se certifica el Interés Bancario Corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.

Se busca modificar parcialmente la Resolución No. 78 de 16 de julio de 2020, prescribiendo el anexo mediante el cual la Institución Financiera sujeta a reportar cumplirá la obligación de informar que no se identificaron Cuentas Reportables a Jurisdicciones Reportables adicionales a las reportadas.

Se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.3.2 y 2.2.1.2.3.1.14, y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. (Otorgamiento de garantías en contratos celebrados con entidades estatales)

Se adopta el Anexo Técnico «Campos de datos adicionales del sector salud incluidos en la generación de la factura electrónica de venta en el sector salud» y se establecen disposiciones para la generación de la facturación electrónica de venta en el sector salud.

La Corte declaró la constitucionalidad de la facultad de la DIAN para establecer medidas de control de la evasión, entre otras, la de imponer obligaciones formales a los sujetos no responsables. En la reclasificación como sujetos responsables, la administración tributaria debe garantizar el debido proceso y por ello, la intervención de los interesados; y otras.