Se modifican y regulan los términos para los requerimientos de subsanación respecto de la presentación de informes de ingresos y gastos de campaña electoral.

Se adiciona el Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para establecer las reglas del proceso de selección para la designación de los Comisionados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

La derogación de la regla presupuestal respecto de la cual la norma demandada establecía una excepción, condujo a la corte a abstenerse de emitir una decisión de fondo, por carencia actual de objeto; y otras.

Se modifica el artículo 323 de la Constitución Política de Colombia y se establece la segunda vuelta para la elección del Alcalde Mayor de Bogotá, Distrito Capital.

Se negó la nulidad del acto de elección de Martha Lucía Ramírez Blanco como Vicepresidente de la República, bajo la consideración de que no se irrespetaron los resultados de la consulta interpartidista, toda vez que la demandada apoyó al candidato vencedor y dado que en la consulta se presentó como precandidata presidencial y a las elecciones cuestionadas como candidata a la Vicepresidencia de la República, de modo que no participó en las dos votaciones aspirando al mismo cargo.

Se imparten instrucciones relativas a la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo a los partidos, movimientos políticos, a los grupos significativos de ciudadanos, y demás organizaciones que postulen candidatos para las elecciones de 2019.

Se establecen medidas para la aplicación del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018.

Por el cual se deroga el Decreto 450 del 14 de marzo de 2016. (Derogatoria del Decreto que regulaba la convocatoria pública para elegir al Fiscal General de la Nación) 

Se declaró la nulidad del acto de elección de Antanas Mockus como Senador de la República por estar incurso en la inhabilidad de intervención en celebración de contratos.

Se regula el cumplimiento de las disposiciones legales sobre población con discapacidad auditiva, y se ordena que toda publicidad, pedagogía y divulgación de las ideas políticas a través de los medios de comunicación y, especialmente, los canales de televisión abierta públicos y privados, deberán propiciar el acceso a la información electoral, dotándolo de adaptaciones precisas, específicamente en lengua de señas colombiana, en adelante, LSC, para la participación en los contextos políticos del país a la población sorda.