La Corte, al estudiar la constitucionalidad de las disposiciones que autorizan la caza deportiva contenidas en los artículos 248 y 252 del Decreto 2811 de 1974 y artículos 8 y 30 de la Ley 84 de 1989, encontró que son contrarias al deber constitucional de protección del ambiente y, por lo mismo, inexequibles; y otra.