Quienes sean beneficiarios de una pensión de sobrevivientes en calidad de hijo inválido, deben someterse a una valoración trienal que tiene por objeto verificar si persisten las condiciones que impiden a la persona proveerse por sí misma.

La falta de funciones auditivas y/o fonadoras no puede implicar limitaciones para que la persona pueda expresar válidamente su consentimiento en contraer matrimonio, mediante signos manifiestos. Al tener capacidad para ello, el legislador no debía incluirla entre el grupo de personas en condición de interdicción para administrar sus bienes, lo que constituye una discriminación en relación con la capacidad para manifestar su consentimiento; y otras.

Para que proceda la liquidación adicional además de los documentos aportados en la sucesión, se deben aportar los documentos que correspondan a los nuevos interesados.

La ausencia de deliberación y primer debate de un nuevo artículo que establecía una contribución especial para laudos arbitrales, condujo a la declaración de su inexequibilidad por desconocimiento de los principios de consecutividad e identidad flexible exigidos de todo Proyecto de Ley; y otras.

El límite de edad de 25 años para el suministro de alimentos a los hijos que cursan estudios superiores no es un parámetro absoluto.

Inaplicabilidad de la excepción de prescripción de cuotas alimentarias cuando se propone en contra de menores de edad o incapaces.

Impugnación de paternidad extramatrimonial por parte de los hijos después de fallecido su padre frente al reconocimiento de hijo extramatrimonial realizado en vida.

Se establecen los lineamientos para el desarrollo de la Política Pública de Prevención de la Infertilidad y su tratamiento dentro de los parámetros de salud reproductiva.

En nulidad de testamento lo que se presenta es Litis consorcio voluntario, previa acumulación de procesos pendientes. Prohibición de incluir nuevas pretensiones.

La Corte, al estudiar la constitucionalidad de las disposiciones que autorizan la caza deportiva contenidas en los artículos 248 y 252 del Decreto 2811 de 1974 y artículos 8 y 30 de la Ley 84 de 1989, encontró que son contrarias al deber constitucional de protección del ambiente y, por lo mismo, inexequibles; y otra.