Corte ordena al Ministerio del Trabajo reconocer la prestación humanitaria periódica a una víctima del conflicto, y le recuerda que el juez de tutela es competente para valorar las actuaciones de todas las autoridades públicas.

La Corte encontró que en Colombia no existía la pena de prisión perpetua, por lo cual, acoger ahora este tipo de condena en el ordenamiento jurídico constitucional configura un retroceso en materia de humanización de las penas en la política criminal y de la garantía de resocialización de las personas condenadas. Concluyó que el Congreso de la República transgredió su poder de reforma al incluir la pena de prisión perpetua revisable en el artículo 34 de la Constitución, pues afectó un eje definitorio de la Carta como lo es el Estado Social y Democrático de Derecho fundado en la dignidad humana y, en consecuencia, sustituyó la Constitución; y otras.

Se modifican y adicionan las disposiciones relacionadas con la administración de los bienes del FRISCO de las que trata el Título 5 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, relacionadas con los mecanismos para la administración de los bienes dejados a disposición del FRISCO, la enajenación temprana, chatarrización, demolición y destrucción; y la figura de la extensión de la medida cautelar de bienes sociales.

La Corte Constitucional declaró exequible el artículo 406 parcial del Código General del Proceso, que establece la carga de presentar un dictamen pericial como anexo de la demanda en el proceso divisorio, y condicionó el artículo 409 del mismo estatuto para que se admita como excepción de mérito la prescripción adquisitiva de dominio; y otras.

Se imparten instrucciones para la verificación de la correcta implementación de la regulación para hacer efectivo el derecho fundamental a morir con dignidad.

Se modifican algunnos artículos del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, en lo que hace referencia a los Programas de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades.

Se modifica y adiciona el Decreto 2137 de 2018 «Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el desarrollo del Plan de Acción Oportuna (PAO) de Prevención y Protección individual y colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas - "Comisión del Plan de Acción Oportuna (PAO) para defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas"».

La Corte Constitucional reiteró el precedente según el cual el derecho a la doble conformidad exige (i) que la primera sentencia condenatoria pueda ser revisada por una autoridad judicial distinta a la que profirió la condena, (ii) mediante un recurso que garantice un examen integral que permita cuestionar aspectos fácticos, probatorios y jurídicos, (iii) con independencia de la nominación del medio judicial, recurso o procedimiento que se utilice. En ese sentido, constató que, en el asunto analizado, las providencias judiciales cuestionadas no incurrieron en defecto alguno; y otras.

La Corte Constitucional, por unanimidad, se declaró inhibida para decidir sobre la constitucionalidad de las normas que regulan la figura del Agente Encubierto, así como de aquella que otorga validez a los elementos materiales probatorios y evidencia física recaudados en desarrollo de una operación encubierta.

La Corte garantiza el Derecho a una Muerte Digna por lesiones corporales o enfermedades graves e incurables.