Se ordena la publicación del Proyecto de Acto Legislativo No. 033 de 2022 Senado - 002 de 2022 Cámara «POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 49 DE LA  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, SE REGULARIZA EL CANNABIS DE USO ADULTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES» (Primera Vuelta).

Se crea la Instancia de Alto Nivel, para el estudio, caracterización y calificación de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, ordenada mediante Ley No. 2272 de 2022.

Se aprueba el «Tratado sobre el traslado de personas condenadas entre la Republica del Perú y la República de Colombia», suscrito en Cartagena de Indias, el 27 de febrero de 2018.

Alcance de la Instrucción Administrativa 8 de 2022, respecto de las medidas cautelares decretadas en el marco de los procesos de extinción de dominio.

Corte declaró la exequibilidad de los artículos 102 (parcial) y 106 (parcial) de la Ley 1123 de 2007, en relación con la concurrencia de funciones de instrucción y juzgamiento dentro del régimen disciplinario de los abogados en ejercicio; y otras.

La Corte Constitucional declaró exequible la doble conformidad en los procesos de repetición bajo el entendido de que esa garantía se aplica en relación con todas las sentencias que declaran la responsabilidad. Cuando no se trate de los altos funcionarios, la impugnación procederá ante el superior funcional de quien impuso la primera decisión declaratoria de la responsabilidad; y otras.

Se definen las sustancias psicoactivas que crean dependencia e impactan la salud, según lo establece el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 2000 de 2019.

Personas privadas de la libertad que pertenecen a la comunidad LGBTI deben ser recluidas en condiciones que garanticen su seguridad y no discriminación.

Corte declara inconstitucional habilitación a la policía nacional de acceder a circuitos cerrados de seguridad y vigilancia privada para acciones de «prevención»; y precisó que cuando esta habilitación tenga como fin acciones de «identificación» o «judicialización» no debe asignarse esta función a la Policía Nacional, en general, sino, concretamente, a la Policía Judicial, previa autorización judicial y acorde con la normativa procesal penal y los principios que rigen la protección de datos personales. En caso de flagrancia el control judicial puede ser posterior; y otras.

La responsabilidad personal que pudiera tener el magistrado sustanciador en la congestión de su despacho, no puede utilizarse como justificación para mantener una mora judicial intolerable.