Se reglamenta la Prisión Perpetua Revisable y se reforma el Código Penal (Ley 599 de 2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) y se dictan otras disposiciones, Ley Gilma Jiménez.

Se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones.

Se aprueba el «Tratado entre la República de Colombia y la República Popular China sobre el Traslado de Personas Condenadas», suscrito en Beijín, República Popular China, el 31 de julio de 2019.

El trato tributario diferenciado entre las sociedades cuyo objeto es el desarrollo de ciertas actividades agropecuarias expresamente previstas en la ley, dependiendo de la fecha de su constitución (antes o después del 28 de diciembre de 2018 como fecha de entrada en vigor de la Ley 1943 de 2018) no se ajustaba a la Carta Política; y otras.

Inhabilidad de los funcionarios vinculados a la Unidad de Trabajo Legislativo al servicio de cada congresista para incorporar actividades de apoyo político a sus labores; y otras.

Si la justa causa de la terminación del contrato -detención preventiva por más de treinta días-, solo desaparece con la decisión absolutoria en el proceso penal, no se viola el principio del debido proceso ni la presunción de inocencia, pues con esta medida se busca conciliar de forma razonable y proporcionada los derechos del empleador con los del trabajador.

La participación mayoritaria de las mujeres cabeza de familia o mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar como factor de desempate en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020.

Se vulneran los derechos fundamentales a la salud y la vida de las personas privadas de la libertad al no concederse, por parte del INPEC, la sustitución temporal de la pena en centro de reclusión establecida por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia generada por la COVID-19.

Se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público.

Con ocasión de la pandemia, Corte ordena al Ministerio de Justicia y al INPEC implementar mecanismos virtuales eficientes de comunicación para garantizar derecho a las visitas de personas privadas de la libertad.