Se regulan las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la Administración Pública, así como la cesión unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones.

El principio de congruencia se vulnera cuando la sentencia no guarda coincidencia con los cargos aceptados.

La diferenciación entre contribuyentes obligados a llevar contabilidad y los que no deben hacerlo, no afecta el principio de equidad tributaria; y otras.

La Corte determinó que el legislador no incurrió en una omisión legislativa relativa por no incluir entre los productos exentos del impuesto sobre las ventas, los aceites y margarinas de consumo humano; y otras.

A partir de la ocurrencia de nuevos hechos y actuaciones jurídicas, la Sala Plena concluyó que frente a la solicitud de amparo formulada, se configuró la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente.

La Corte Constitucional al revisar dos procesos de tutela contra providencias judiciales que realizaron la verificación de preacuerdos celebrados por la Fiscalía General de la Nación, determinó que existen algunos límites sustantivos para su celebración, los cuales deben ser objeto de control por parte del juez de conocimiento.

La Corte concedió el amparo del derecho fundamental al debido proceso, al encontrar que la Sala de Juzgamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no garantizó su derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria.

La Corte determinó que la tarifa general del Impuesto sobre las Ventas no desconoce el principio de progresividad tributaria. Existencia de cosa juzgada respecto de la constitucionalidad de la exención del impuesto sobre la renta para las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior; y otras.

La Corte declaró ajustado a la Constitución el Impuesto al Consumo de Bienes Inmuebles en cuanto es posible identificar inequívocamente al contribuyente obligado. Aunque lo pagado por el tributo hace parte del costo del bien para el comprador, esto no lo convierte en el titular de la obligación sustancial, la cual recae exclusivamente en el enajenante, por ser quien lleva a cabo el acto gravado; y otras.

Diferencias de actos sexuales con menor de 14 años con el delito de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.