La exigencia legal de haber descontado el 70 % de la pena, para que una persona condenada por los Jueces Penales del Circuito Especializado, accedan al permiso de hasta 72 horas, no es incompatible con el principio de igualdad; y otras.

El legislador puede habilitar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para solicitar conceptos a la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado con el fin de precaver litigios entre entidades públicas o poner fin a los existentes.

Decretar la medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 227 de 16 de febrero de 2023, ya que al primer mandatario de la Nación no le es posible reasumir unas funciones que no le han sido conferidas expresamente por el ordenamiento jurídico. La expresa disposición de regular el régimen tarifario de los servicios públicos le fue conferido al Congreso de la República, corporación que en disposición legal por ejercicio de su libertad de configuración legislativa, consideró pertinente asignar el trámite técnico y operativo de la fijación de dichas tarifas a las comisiones de regulación.

La Corte Constitucional advirtió que las hipótesis de Colpensiones sobre el impacto que sus decisiones pueden tener sobre los recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social no pueden ser utilizados para negar el amparo de derechos tales como la pensión por invalidez, cuando no tienen un fundamento sólido.

Eventos en lo que los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo se entienden ejecutoriados.

Las medidas penitenciarias que obligan a las personas privadas de la libertad a llevar el pelo corto y afeitarse diariamente no atentan contra la dignidad humana; si bien, implican una restricción al derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, esta se justifica en la necesidad de proteger la salud e integridad del personal bajo su custodia.

Se comprobó la inclusión de costos y deducciones inexistentes que fueron autoliquidados, y que provenían de irregularidades en la contabilidad de la sociedad, sin que cada una de ellas hicieran las salvedades correspondientes al firmar los estados financieros y la declaración tributaria.

Las funciones jurisdiccionales asignadas a la Procuraduría General de la Nación son contrarias a la Constitución. La determinación final de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a funcionarios de elección popular, corresponderá al Juez Contencioso Administrativo, después de agotarse el procedimiento a cargo de la Procuraduría. Se exhorta al Congreso para la adopción de un Estatuto de los Servidores de Elección Popular, incluido un Régimen Disciplinario Especial.

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de los artículos 1 parcial y 6 de la Ley 2111 de 2021 «Por medio del cual se sustituye el Título XI “De los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente” de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones», en razón exclusivamente de los cargos analizados; y otras.

La Corte declaró inexequibles algunas disposiciones de la Ley de Seguridad Ciudadana –Ley 2197 de 2022–, la exequibilidad y la exequibilidad condicionada de otras; y otras.