Jurisprudencia

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El pago de la indemnización sustitutiva al afiliado es una prestación subsidiaria o residual respecto de la pensión familiar, por lo que si los cónyuges o compañeros permanentes cumplen con los requisitos mínimos para acceder a esta prestación, ya tienen un derecho adquirido. Recibir alguno de los afiliados el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, no impide reclamar judicialmente la pensión familiar.
Diferencia entre condición de discapacidad frente a la declaratoria de invalidez de una persona con discapacidad. Procedencia de la reubicación o readaptación en el sitio de trabajo. Admitir que la persona en quien concurre una invalidez y una discapacidad no puede reincorporarse a la fuerza laboral no solo vulnera su derecho al trabajo, también niega su autonomía individual.
El amparo de pobreza es procedente en el trámite de la acción de revisión o del recurso extraordinario de revisión, sin que se requiera el trámite incidental.
Nulidad parcial, con efectos “ex tunc” del Decreto 465 de 2020 proferido por la Presidencia de la República que regulaba asuntos relacionados con la concesión de aguas, explotación y prospección de acuíferos subterráneos en menores tiempos y sin las licencias de las autoridades ambientales, reduciendo además los costos para los operadores de servicios públicos de acueducto.
Se precisan elementos de la vinculación del “funcionario de hecho”.
Falta de una oficina de atención para los afiliados de EPS, vulnera los derechos de los consumidores y usuarios en materia de salud.
Se incurren en el defecto sustantivo y defecto por desconocimiento del precedente, al comenzar el cómputo del término para realizar la notificación por aviso en el proceso de nulidad electoral, sin que el aviso se encuentre a disposición del demandante.
Existe vulneración de derechos e intereses colectivos cuando se autoriza la exploración y explotación minera sobre las cuencas de reserva hídrica que abastecen a todo un departamento.
No se pueden desconocer las cláusulas pactadas, en relación con la liquidación y pago de honorarios, en un contrato de mandato.
Para que se libre el mandamiento de pago, el ejecutante debe allegar los documentos y pruebas que den certeza sobre el monto de los dineros presuntamente adeudados.