Comunicado de Prensa de la Corte Constitucional No. 28 de 31 de julio de 2019.

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El establecimiento por el legislador de un término para reglamentar la indemnización que pueda causarse por la infracción a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos relacionados con las medidas tecnológicas y la información para la gestión de estos derechos, no significa que el gobierno pierda competencia para ejercer su potestad reglamentaria en cualquier momento. La previsión de dos vías distintas para reclamar tal indemnización, no desconoce los derechos a la igualdad y al debido proceso; y otras.
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