El artículo 6 de la Ley 581 de 2000 no impide que la terna para la elección de Fiscal General de la Nación sea conformada solo por mujeres, aun cuando se trate de una acción afirmativa, toda vez que el legislador quiso establecer un mínimo de por lo menos el nombre de una mujer, lo que nada impide que se confeccione solamente con el sexo femenino.

La aplicación literal y formalista de la norma, sin aplicar el enfoque de género, puede dejar a las mujeres víctimas de violencia que pierden su capacidad laboral en una situación de indefensión que las revictimiza y que las hace aún más vulnerables.

Por la cual se determinan los criterios para la distribución y asignación de recursos a las entidades territoriales para la implementación y prestación de las medidas de atención dirigidas a mujeres víctimas de violencia, sus hijos e hijas y personas dependientes.

La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión «bienes para su comercialización en el territorio colombiano que estén contenidos en», contemplada en los numerales 1y 2 del literal c) del artículo 50 de la ley 2277 de 2022 «por la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones», porque generaba falta de certeza en la determinación de los elementos que configuran el tributo creado por el artículo 51 (impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes) de la ley 2277 de 2022; y otra.

La Corte declaró exequible la restricción para proponer excepciones en el marco del proceso de expropiación, tras determinar que tal limitación no vulnera los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia; y otras.

Con motivo de la especial protección que se le debe brindar a las mujeres víctimas de violencia de género, el ordenamiento nacional contiene procedimientos para proteger los derechos de las mujeres víctimas de daño físico psíquico, a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquiera de las formas en la que se pueden violentar sus derechos en el contexto familiar.

Corte declara la constitucionalidad del impuesto de timbre frente a la enajenación de bienes inmuebles (Ley 2277, art. 77), al concluir que no se desconoció el principio de equidad tributaria en su faceta de capacidad contributiva; y otras.

La Corte Constitucional decidió anular las sentencias T-430 de 2022 y T-158 de 2023 al constatar la violación del debido proceso al desconocer en su fundamentación y en las decisiones adoptadas, los efectos que se siguen de la existencia de la cosa juzgada constitucional de la sentencia C-055 de 2022 y del precedente reiterado de este tribunal.

La jurisprudencia ha reconocido que son actos de violencia institucional aquellos que (i) causan un daño emocional a la víctima y (ii) no dan una respuesta eficiente a la solicitud de protección de los derechos fundamentales que les han sido vulnerados.

Se establecen los Lineamientos para la Política Pública en prevención, diagnóstico temprano y tratamiento integral de la Endometriosis, para la promoción y sensibilización ante la enfermedad y se dictan otras disposiciones.