La Corte Constitucional decidió anular las sentencias T-430 de 2022 y T-158 de 2023 al constatar la violación del debido proceso al desconocer en su fundamentación y en las decisiones adoptadas, los efectos que se siguen de la existencia de la cosa juzgada constitucional de la sentencia C-055 de 2022 y del precedente reiterado de este tribunal.