Jurisprudencia

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Corte declara constitucional inhabilidad en Contratación Estatal por haber sido condenado judicialmente en delitos contra la administración pública o infracciones al estatuto anticorrupción; y otras.
Nulidad parcial del literal c) del artículo 3 del Decreto 2025 de 8 de junio de 2011, que restringe de manera injustificada la facultad para contratar y desarrollar el objeto social para el que fueron creadas (la prestación de un servicio) a las Precoooperativas y a las Cooperativas de Trabajo Asociado en el evento en que éstas no ostenten la propiedad respecto de los medios de producción y/o trabajo.
La Corte declaró la constitucionalidad de la facultad de la DIAN para establecer medidas de control de la evasión, entre otras, la de imponer obligaciones formales a los sujetos no responsables. En la reclasificación como sujetos responsables, la administración tributaria debe garantizar el debido proceso y por ello, la intervención de los interesados; y otras.
En principio, para acreditar la condición generadora de la protección prevista en la Ley 361 de 1997, debe acudirse preferiblemente a una calificación técnica que describa el nivel de la limitación padecida por el trabajador, sin embargo, en virtud de los principios de libertad probatoria y de libre formación del convencimiento, si no se cuenta con aquella, tal limitación se puede inferir del estado de salud en que se encuentre, siempre que sea notorio, evidente y perceptible, y esté precedido de elementos que constaten la necesidad de la protección, su grave estado de salud o la severidad de la lesión que inciden en la realización de su trabajo.
Verificada la existencia de cosa juzgada sobre la tarifa del Impuesto al Patrimonio, la Corte dispuso estarse a lo resuelto en la Sentencia C-521/19 y, en consecuencia, declarar exequible el aparte demandado. De otra parte, se inhibió de pronunciar una decisión de fondo sobre el cargo por violación del derecho de propiedad, al no haber desarrollado la demanda, el concepto de violación de la Constitución.
Tener capacidad para ser parte al estar involucrado como titular de derechos y obligaciones en una relación jurídica sustancial con otro sujeto; es diferente a asumir legalmente la calidad de representante legal de una parte, pues esta figura implica que los actos del representante obligan al representado, ya que aquel no los ejecuta en su propio nombre, sino en el de este último, sin que dicha representación otorgue o transfiera la titularidad de los derechos y obligaciones  y por ende, tampoco la capacidad para ser parte en un proceso.
La Corte Constitucional encontró que la desvinculación del empleado público de la DIAN, protegido por el fuero sindical, no requiere la autorización judicial previa cuando se trate de ejecutar una destitución disciplinaria proferida por la Procuraduría General de la Nación o cuando se trate de una inhabilidad sobreviniente derivada de una decisión de un órgano de control; y otras.
El Estatuto Tributario no establece que el servicio de transporte internacional de pasajeros ida y regreso, en un trayecto no está excluido del IVA, sino que se trata de un hecho no sujeto al impuesto.
Por desconocer el principio de unidad de materia, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la norma de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que establecía sanciones por infracciones al régimen de servicios públicos domiciliarios; y otras.
Se vulnera el principio de congruencia en el evento en que impuso condena por una conducta de comisión por omisión, pese a que la acusación lo fue por una de acción.