El desempleo no es una causal de justificación para sustraerse de la obligación alimentaria.

Por medio de la cual se asignan competencias transitorias a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios en materia de alimentación para atender situación humanitaria en estaciones de policía, unidades de reacción inmediata y similares.

En el caso que debió examinar el galeno no sólo debió establecer directamente las condiciones físicas de la menor, sino acudir a la historia clínica anterior, pues, se trataba de una enfermedad que no remitía y evidenciaba claros síntomas de incrementar el daño en la menor, circunstancia puntual que obligaba del acusado, no sólo verificar todos los factores incidentes, sino explorar cuál pudo ser el cambio operado a partir de la primera consulta.

Alcance medidas cautelares en el proceso de desestimación de la personalidad jurídica.

El uniformado incumplió sus deberes como agente de la policía en el manejo del arma de fuego accionándola cuando se probó que existían otros medios de defensa y su conducta tuvo una trascendencia social importante, pues se cometió en una vía pública en la que transitan frecuentemente personas poniéndolas en riesgo.

Los verbos rectores de «ocultar», «alterar» o «destruir» deben recaer en alguno de los elementos materiales de prueba contenidos en el artículo 275 de Código de Procedimiento Penal para que la conducta sea típica y pueda ser reprochada penalmente.

Corte declaró inexequibles las normas de la ley 2277 de 2022 que regían el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación para quienes tienen como actividad económica la educación, la atención de la salud humana y asistencia social, servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales; y otros.

Se deroga el capítulo 9 del título 8 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1070 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa, adicionado por el Decreto 1844 de 2018.

La Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) debido a la falta de concordancia entre la persistente, grave y generalizada violación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de derechos humanos, por un lado, y la capacidad institucional y presupuestal para asegurar el respeto, garantía y protección de esos derechos, por otro.

Acción jurisdiccional de desestimación de la personalidad jurídica por fraude a la ley