Módulo
Normatividad al Día

Se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, y se dictan otras disposiciones.

Se adoptan medidas adicionales para mitigar el riesgo de contagio por SARS-CoV-2 COVID-19 en los habitantes de la ciudad de Bogota D. C. y se dictan otras disposiciones.

Destinación de recursos para actividades propias de una organización sindical.

Corte declara constitucional inhabilidad en Contratación Estatal por haber sido condenado judicialmente en delitos contra la administración pública o infracciones al estatuto anticorrupción; y otras.

Nulidad parcial del literal c) del artículo 3 del Decreto 2025 de 8 de junio de 2011, que restringe de manera injustificada la facultad para contratar y desarrollar el objeto social para el que fueron creadas (la prestación de un servicio) a las Precoooperativas y a las Cooperativas de Trabajo Asociado en el evento en que éstas no ostenten la propiedad respecto de los medios de producción y/o trabajo.

Se adicionan los parágrafos 3 al artículo 1.6.1.13.2.11, 5 al artículo 1.6.1.13.2.12 y 2 al artículo 1.6.1.13.2.15, a la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Se reglamenta la expedición del Certificado de Primer Empleo y el registro anualizado de las certificaciones que acreditan el Primer Empleo.

Ya sea que no se suministre la información exigida, o se suministre en forma errónea o extemporánea, la misma ley presume que el incumplimiento sobre el reporte de la información tributaria ocasiona un daño a la Administración Tributaria, de modo tal que no se exige probarlo de manera previa.

La Corte declaró la constitucionalidad de la facultad de la DIAN para establecer medidas de control de la evasión, entre otras, la de imponer obligaciones formales a los sujetos no responsables. En la reclasificación como sujetos responsables, la administración tributaria debe garantizar el debido proceso y por ello, la intervención de los interesados; y otras.

En principio, para acreditar la condición generadora de la protección prevista en la Ley 361 de 1997, debe acudirse preferiblemente a una calificación técnica que describa el nivel de la limitación padecida por el trabajador, sin embargo, en virtud de los principios de libertad probatoria y de libre formación del convencimiento, si no se cuenta con aquella, tal limitación se puede inferir del estado de salud en que se encuentre, siempre que sea notorio, evidente y perceptible, y esté precedido de elementos que constaten la necesidad de la protección, su grave estado de salud o la severidad de la lesión que inciden en la realización de su trabajo.