Se precisa y modifica el precedente jurisprudencial de la Sección sobre la interpretación y el alcance del artículo 62 de la Ley 4 de 1913, en cuanto a la extensión de términos en meses y años que finalizan en días no hábiles, en el sentido de entender que en esos eventos el término se extiende hasta el día hábil siguiente, sin que se haga distinción respecto de quién corre el plazo: el administrado o la administración.

Se reanudan los términos dentro de las actuaciones administrativas en los procesos fiscales de indagaciones preliminares, responsabilidad fiscal, administrativos sancionatorios fiscales y jurisdicción coactiva que se adelantan en la Auditoría General de la República.

Las facultades y la competencia de fiscalización de la administración no cambian con ocasión de los procesos de fusión societaria y las obligaciones tributarias de carácter formal y sustancial que surjan o se consoliden con posterioridad a su perfeccionamiento las debe cumplir la sociedad absorbente, de forma independiente de la absorbida.

Corte reiteró su jurisprudencia sobre la improcedencia general de la acción de tutela para definir controversias relacionadas con un contrato de seguro.

Corte encuentra constitucional disposición que establece la improcedencia de recurso contra el auto que inadmite la demanda de casación civil, al no vulnerar la igualdad, el debido proceso, el acceso a la justicia, ni la prevalencia del derecho sustancial; y otra.

Corte declara constitucional la ineficacia de las declaraciones de impuesto sobre las ventas, IVA presentadas sin pago total, por parte de los prestadores de servicios desde el exterior; y otras.

Se reforma la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) y se dictan otras disposiciones.

Se reglamenta el Procedimiento Administrativo Sancionatorio de los Exámenes de Estado que realiza el Icfes.

Corte declara constitucional norma del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que establece la posibilidad de contacto físico en el registro de personas y sus bienes, de acuerdo a los protocolos que con esa finalidad se emita. La corte precisó que los “protocolos” a los cuales se refiere la norma acusada no consisten en normas generales de policía que puedan afectar derechos fundamentales de los ciudadanos; y otras.

Se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas.