Corte declara constitucional inhabilidad en Contratación Estatal por haber sido condenado judicialmente en delitos contra la administración pública o infracciones al estatuto anticorrupción; y otras.

Ya sea que no se suministre la información exigida, o se suministre en forma errónea o extemporánea, la misma ley presume que el incumplimiento sobre el reporte de la información tributaria ocasiona un daño a la Administración Tributaria, de modo tal que no se exige probarlo de manera previa.

La Corte declaró la constitucionalidad de la facultad de la DIAN para establecer medidas de control de la evasión, entre otras, la de imponer obligaciones formales a los sujetos no responsables. En la reclasificación como sujetos responsables, la administración tributaria debe garantizar el debido proceso y por ello, la intervención de los interesados; y otras.

En principio, para acreditar la condición generadora de la protección prevista en la Ley 361 de 1997, debe acudirse preferiblemente a una calificación técnica que describa el nivel de la limitación padecida por el trabajador, sin embargo, en virtud de los principios de libertad probatoria y de libre formación del convencimiento, si no se cuenta con aquella, tal limitación se puede inferir del estado de salud en que se encuentre, siempre que sea notorio, evidente y perceptible, y esté precedido de elementos que constaten la necesidad de la protección, su grave estado de salud o la severidad de la lesión que inciden en la realización de su trabajo.

Se vulnera el principio de congruencia en el evento en que impuso condena por una conducta de comisión por omisión, pese a que la acusación lo fue por una de acción.

Se configura la nulidad del proceso cuando se presenta una petición de condena anticipada, en virtud de un allanamiento a cargos o un preacuerdo, y el juez opta por una absolución.

Se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.

Se adopta la Política de igualdad y no discriminación por razones de sexo, género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La firma estampada por la persona afectada con el procedimiento no constituye una declaración ni la aceptación de su participación en un delito.

El reconocimiento de la capacidad legal de las personas en situación de discapacidad mayores de edad y el establecimiento de apoyos para que puedan expresar válidamente su voluntad, resultan acordes con el modelo social incorporado en el ordenamiento Constitucional; y otras.