Las funciones jurisdiccionales asignadas a la Procuraduría General de la Nación son contrarias a la Constitución. La determinación final de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a funcionarios de elección popular, corresponderá al Juez Contencioso Administrativo, después de agotarse el procedimiento a cargo de la Procuraduría. Se exhorta al Congreso para la adopción de un Estatuto de los Servidores de Elección Popular, incluido un Régimen Disciplinario Especial.