La facultad gubernamental de adelantar acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI) con fines de sometimiento a la justicia se enmarca en el mandato constitucional del presidente de conservación del orden público. No obstante, la corte, entre otras decisiones, consideró que los términos de sometimiento deben ser definidos por el legislador y que la suspensión de órdenes de captura, la ubicación temporal y las garantías de seguridad de los miembros de EAOCAI deben cumplir ciertas condiciones, según la finalidad que el legislador estableció.

Instrucciones para la implementación de medidas con enfoque intercultural y diferencial para la garantía del derecho a la salud de los habitantes del Departamento de la Guajira.

La Corte declaró exequible la restricción para proponer excepciones en el marco del proceso de expropiación, tras determinar que tal limitación no vulnera los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia; y otras.

Corte declara la constitucionalidad del impuesto de timbre frente a la enajenación de bienes inmuebles (Ley 2277, art. 77), al concluir que no se desconoció el principio de equidad tributaria en su faceta de capacidad contributiva; y otras.

La Corte Constitucional decidió anular las sentencias T-430 de 2022 y T-158 de 2023 al constatar la violación del debido proceso al desconocer en su fundamentación y en las decisiones adoptadas, los efectos que se siguen de la existencia de la cosa juzgada constitucional de la sentencia C-055 de 2022 y del precedente reiterado de este tribunal.

La jurisprudencia ha reconocido que son actos de violencia institucional aquellos que (i) causan un daño emocional a la víctima y (ii) no dan una respuesta eficiente a la solicitud de protección de los derechos fundamentales que les han sido vulnerados.

Se da cumplimiento a los numerales 25 y 38 de la Sentencia del 27 de julio de 2022 proferida por la Corte Interamericana De Derechos Humanos en el caso de integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia.

Se dictan normas para el ejercicio de la Profesión de Desarrollo Familiar, se expide el Código Deontológico y Ético, se le otorgan facultades al Colegio Nacional de Profesionales en Desarrollo Familiar, se deroga la Ley 429 de 1998 y se dictan otras disposiciones relativas al ejercicio de la profesión.

El arraigo familiar es un aspecto que debe entrar a considerar el INPEC al momento de evaluar una solicitud de traslado, con el fin de evitar una agravación injustificada de la restricción al derecho a la unidad familiar, sumado a que se ha considerado que la cercanía con el grupo familiar tiene efectos positivos en el proceso de resocialización.

Se modifica y adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo que hace referencia a la restitución y acceso a tierras, y proyectos  productivos.