Corte declara constitucional la ineficacia de las declaraciones de impuesto sobre las ventas, IVA presentadas sin pago total, por parte de los prestadores de servicios desde el exterior; y otras.

Sala Civil establece monto de condena a compañía de seguros llamada en garantía por fallecimiento de menores de edad que se desplazaban en bicicleta y fueron atropellados por bus de servicio público de pasajeros.

Se modifica y adiciona el Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte. (Herramientas para mitigar los efectos negativos generados por la pandemia de COVID-19 y facilitar la reactivación económica de prestadores del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial)

Corte declara constitucionalidad condicionada de una disposición del Estatuto Tributario con el objeto de que la exención del IVA comprenda también a las copas menstruales y productos similares, ya que solamente estaba prevista para las toallas sanitarias y tampones; y otros.

Impuestos descontables que proceden por la enajenación de vehículos para reposición.

Los municipios pueden gravar con ICA la exploración, explotación y transporte de hidrocarburos, desde que se abstengan de realizar el cobro de dicho impuesto si las regalías a las que tiene derecho la entidad territorial sean iguales o superiores al valor estimado.

El Estatuto Tributario no establece que el servicio de transporte internacional de pasajeros ida y regreso, en un trayecto no está excluido del IVA, sino que se trata de un hecho no sujeto al impuesto.

No se encuentran obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, las empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que presten el servicio de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros.

Se unifican los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el Transporte Nacional e Internacional de Personas vía Aérea.

Se dictan medidas tendientes a fortalecer la seguridad y a garantizar el uso adecuado del espacio público por parte de las empresas y aplicaciones tecnológicas que intermedian o habilitan servicios de entrega de domicilios en Bogotá D.C. y su cadena de valor.