Participación y caracterización de la comunidad educativa y administrativa en el marco de la Reapertura Gradual, Progresiva y Segura (R-GPS).

La efectiva garantía del derecho a la educación, se halla estrechamente relacionada con la participación de los padres, a través de un acompañamiento cierto, real e integral en el proceso educativo.

Se adiciona el Capítulo 7 al Título 7, Parte 6, Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, para la creación de una línea de redescuento con tasa cqmpensada de la Financiera de Desarrollo Territorial, S.A.-Findeter para el financiamiento de la operación de las Instituciones de Educación Superior públicas y privadas para evitar la deserción en el sector educativo provocada por el coronavirus COVID-19.

Sala Civil de la Corte Suprema ordena medidas para garantizar Derecho a Protesta Pacífica.

Se adiciona el Capítulo 7 al Título 3 Parte 3 Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación- y se reglamenta la organización y el funcionamiento de las Escuelas Normales Superiores como instituciones educativas formadoras de docentes.

Se modifica el numeral 2 del literal f) del artículo 3 del Decreto Distrital 193 de 2020 «Por medio del cual se adoptan medidas transitorias de policía para garantizar el orden público en el Distrito Capital y mitigar el impacto social y económico causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en el periodo transitorio de nueva realidad».

Se establecen los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucional reglamentadas en el Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019, para la obtención y renovación del registro calificado.

Se condiciona la aplicación del Decreto 1844 del 1 de octubre de 2018, reglamentario del Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas.

Se crea el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana (LSC) con el objetivo de concertar la Política Pública para sordos del país.

Se otorgan herramientas para que los Padres de Familia realicen un acompañamiento eficaz con el fin de cuidar los recursos del PAE.