Se busca modificar algunos artículos de la Ley 1563 de 2012 (Código General del Proceso) y se dictan otras disposiciones en materia tributaria y aduanera.

Se adopta el Sistema Integrado de Gestión Judicial de la Rama Judicial – SIUGJ y se definen lineamientos para su implementación y administración.

El momento procesal a partir del cual se puede establecer la responsabilidad solidaria del garante es la notificación del requerimiento especial al contribuyente, sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, dentro del término de vigencia de la póliza.

Se expide la Resolución Única sobre Auxiliares de la Justicia y se deroga la Resolución No. 100-006746 del 20 de noviembre de 2020.

Se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la reglamentación de los Pagos por Servicios Ambientales para la Paz y otros incentivos para la conservación en áreas de dominio público, de conformidad con lo establecido en el artículo 224 de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida.

La Corte declaró exequible la restricción para proponer excepciones en el marco del proceso de expropiación, tras determinar que tal limitación no vulnera los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia; y otras.

Con motivo de la especial protección que se le debe brindar a las mujeres víctimas de violencia de género, el ordenamiento nacional contiene procedimientos para proteger los derechos de las mujeres víctimas de daño físico psíquico, a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquiera de las formas en la que se pueden violentar sus derechos en el contexto familiar.

La existencia de una caución para asegurar la restitución especial del inmueble arrendado, a fin de garantizar el cumplimiento de las causales legales habilitadas para obtener la devolución del bien, no es contraria al principio de la buena fe, ni a la propiedad privada; y otras.

La Corte Constitucional determinó que el parágrafo 4 del artículo 240 del Estatuto Tributario, tal como fue modificado por el artículo 10 de la Ley 2277 de 2022, no desconoce los principios de certeza y legalidad tributarios, pero que debe ser condicionado a fin de que la sobretasa para los generadores de energía eléctrica a través de recursos hídricos solo se aplique a dicha actividad y no a actividades diferentes desarrolladas por los contribuyentes del impuesto sobre la renta; y otras.

La jurisprudencia ha reconocido que son actos de violencia institucional aquellos que (i) causan un daño emocional a la víctima y (ii) no dan una respuesta eficiente a la solicitud de protección de los derechos fundamentales que les han sido vulnerados.