La omisión legislativa absoluta frente a los procesos de eutanasia, así como la escasa regulación expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social que no recoge el contenido de los recientes pronunciamientos de esta Corporación, se traducen en barreras de acceso a esta garantía, así como que dificulta el trabajo de los profesionales de la salud. En consecuencia, se reiteran los exhortos al Congreso de la República para que proceda a regular el asunto de manera integral a través de una Ley Estatutaria, como corresponde.

Se promueve la participación de Niñas, Adolescentes y Mujeres en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 1207 de 2021 por vicios de procedimiento. Esta norma fue expedida por el Presidente de la República para reglamentar la elección de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, según habilitación a él conferida por el al 02/2021. La Corte estableció que su providencia no afecta ni la elección pasada ni la futura de dichas circunscripciones.

Se establece la Gratuidad en los Programas de Pregrado en las Instituciones de Educación Superior Públicas del país y se dictan otras disposiciones.

Se promueve la Protección de la Maternidad y la Primera Infancia, se crean incentivos y normas para la construcción de áreas que permitan la lactancia materna en el espacio público y se dictan otras disposiciones.

Se aprueba el «Convenio 156 sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores con responsabilidades familiares», adoptado por la sexagésimo séptima (67a) conferencia internacional de la Organización del Trabajo, Ginebra, Suiza, el 23 de junio de 1981.

El derecho a la educación es un derecho fundamental que demanda ciertos deberes, en razón a la condición de indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, entre ellos, se encuentra la obligación de adoptar medidas progresivas que propendan por el interés superior de los niños, las cuales incluyen garantizar el acceso a una educación completa, digna y de calidad, el cual deberá revestir de las características de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.

Se modifica el Decreto 1066 de 2015 «Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior», en lo que hace referencia a los Programas de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades.

Se establecen los lineamientos para la entrega de constancias de asistencia y los criterios para la expedición de acreditaciones dirigidas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y se dictan otras disposiciones.

Para acreditar la discapacidad no se requiere de prueba solemne y concomitante a la terminación del vínculo laboral, lo importante es que el empleador tenga conocimiento de la condición del trabajador, para así asumir con cuidado la potestad de prescindir de sus servicios, bien sea logrando su calificación o esperando el resultado de aquella.