Se establecen medidas efectivas y oportunas en beneficio de la autonomía de las personas con discapacidad y los cuidadores o asistentes personales bajo un enfoque de derechos humanos, biopsicosocial, se incentiva su formación, acceso al empleo, emprendimiento, generación de ingresos y atención en salud y se dictan otras disposiciones.

Se determina la participación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dentro del Programa Hambre Cero, liderado por el Gobierno nacional, en el marco del artículo 216 de la Ley 2294 de 2023, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, «Colombia Potencia Mundial de la Vida».

Se establece el reglamento del concurso de méritos especial para la escogencia del Registrador Nacional del Estado Civil.

Importancia del escrache social como medio alternativo a los procedimientos judiciales para discutir violencias sistematizadas, abusos y discriminaciones intolerables, históricamente vedados o afectados tradicionalmente por la sociedad.

La expresión «o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito» contenida en el tipo penal del delito de receptación no vulnera el principio de legalidad; y otras.

Se determinan las entidades territoriales del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dada su naturaleza especial constitucional, como Zona de Frontera y Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo.

Se aprueba la minuta 1 del Convenio de Derecho Público Interno número 2 de 2023, suscrito entre el Estado colombiano e Iglesia Cristiana Centro Cristiano Empresarial Fe en Acción, Iglesia Universal Apostólica Anglicana (IUAA) Fraternidad Sacerdotal «El Buen Pastor», Iglesia Católica Anglicana, Iglesia Centro Mundial de Avivamiento, Iglesia Evangélica Interamericana, Iglesia Antigua de Colombia, Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y la minuta 2 del Convenio de Derecho Público Interno Número 2 de 2023, suscrito entre el Estado colombiano y La Iglesia Centro Cristiano.

El fin último de la jurisprudencia constitucional en materia de estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada es la protección a la maternidad, dando un trato preferente a este grupo de mujeres que, como sujetos de especial protección, merecen una atención del Estado, no solo por ellas, sino en atención a «velar por la garantía de los derechos de la persona que está por nacer o del recién nacido», dentro de contextos donde existe una relación laboral o de prestación de servicios.

Se ordena a la Secretaría de Educación, que adopte medidas concretas para garantizar el acceso a la educación del menor, en cumplimiento de su derecho fundamental a la educación, teniendo en cuenta las barreras geográficas y meteorológicas que dificultan su asistencia diaria a la institución educativa a la que se encuentra inscrito. Dichas medidas deben incluir, o bien la asignación de transporte escolar gratuito, o la implementación de un programa basado en alternativas tecnológicas accesibles para el menor, dirigido a superar estas barreras, asegurando la continuidad y permanencia del menor en el sistema educativo, así como la calidad en la educación.

Lineamientos para la estrategia de defensa jurídica en acciones públicas de inconstitucionalidad contra la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 «Colombia potencia mundial de la vida».