Trabajadores con concepto de rehabilitación desfavorable tienen derecho al pago del subsidio por incapacidad temporal y a que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) inicien de inmediato la calificación de invalidez; y otra.

Para acreditar la discapacidad no se requiere de prueba solemne y concomitante a la terminación del vínculo laboral, lo importante es que el empleador tenga conocimiento de la condición del trabajador, para así asumir con cuidado la potestad de prescindir de sus servicios, bien sea logrando su calificación o esperando el resultado de aquella.

Las micro, pequeñas y medianas empresas, que actúan como deudoras de grandes empresas y pactan términos más favorables para el pago de las obligaciones derivadas de sus operaciones mercantiles están exentas de la aplicación de los plazos previstos en el artículo 3 de la Ley 2024 de 2020; y otras.

Se busca adoptar las medidas para garantizar el acceso, autonomía y consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes en la atención en salud.

Se modifica la conformación del Comité Directivo del Fondo de Solidaridad Pensional establecida en el artículo 2.2.14.1.4 del Decreto 1833 de 2016.

Se busca implementar el Sistema de Información de Prestaciones Económicas (SIPE)

La opinión del médico tratante adscrito a la EPS constituye el principal criterio para determinar los insumos y servicios que requiere un paciente, y en algunos eventos lo prescrito por un galeno particular puede llegar a ser vinculante para las entidades prestadoras de servicios de salud.

La acción procedente para solicitar la responsabilidad de los daños derivados de las decisiones del administrador fiduciario del FOSYGA, frente a las solicitudes de recobro por servicios de salud no incluidos en el POS, es la nulidad y restablecimiento del derecho.

Numero y calculo del valor de la hora ordinaria laboral con la implementación de la Ley 2101 de 2021.

Están excluidas del IVA las comisiones de intermediación por la colocación y renovación de planes del SSS en pensiones, salud y riesgos profesionales, de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993 y a la luz del artículo 48 de la Constitución Política, del numeral 4 del artículo 476 del Estatuto Tributario y del parágrafo del artículo 1.3.1.13.13. del Decreto 1625 de 2016.