Los únicos documentos que se pueden exigir para reconocer una pensión de sobrevivientes como hijo en situación de invalidez, son aquellos que sean necesarios para (i) acreditar la relación filial, (ii) probar que el hijo se encuentra en situación de invalidez y (iii) demostrar la dependencia económica frente al causante.

La existencia de una caución para asegurar la restitución especial del inmueble arrendado, a fin de garantizar el cumplimiento de las causales legales habilitadas para obtener la devolución del bien, no es contraria al principio de la buena fe, ni a la propiedad privada; y otras.

Corte declara la constitucionalidad del impuesto de timbre frente a la enajenación de bienes inmuebles (Ley 2277, art. 77), al concluir que no se desconoció el principio de equidad tributaria en su faceta de capacidad contributiva; y otras.

Se modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y se reglamenta el «Incentivo a la creación y permanencia de nuevos empleos formales».

El servicio de cuidador debe estar a cargo del núcleo familiar, y solo en casos excepcionales del Estado, cuando no se cuenta ni con la capacidad física de prestar las atenciones requeridas, o también porque resulta imposible brindar el entrenamiento o capacitación adecuado a los parientes encargados del paciente; y hay carencia de los recursos económicos necesarios para asumir el costo de contratar la prestación de ese servicio.

La Corte Constitucional decidió anular las sentencias T-430 de 2022 y T-158 de 2023 al constatar la violación del debido proceso al desconocer en su fundamentación y en las decisiones adoptadas, los efectos que se siguen de la existencia de la cosa juzgada constitucional de la sentencia C-055 de 2022 y del precedente reiterado de este tribunal.

Se establecen los Lineamientos para la Política Pública en prevención, diagnóstico temprano y tratamiento integral de la Endometriosis, para la promoción y sensibilización ante la enfermedad y se dictan otras disposiciones.

El artículo 133 de la Ley 100 de 1993 es aplicable tanto en el sector privado como para los trabajadores oficiales y procede únicamente cuando el trabajador no está afiliado al sistema general de pensiones por omisión del empleador.

Los empleadores deben responder por el cálculo actuarial correspondiente a periodos en los que la prestación del servicio estuvo a su cargo, pese a que no tuvieran la obligación de afiliar a los trabajadores al ISS por falta de cobertura.

Se asigna una función en materia del Régimen Sancionatorio Administrativo aplicable a las entidades vigiladas.