Las entidades estatales tienen el deber de verificar la veracidad de la información para evitar vicios en la adjudicación y en el contrato y rechazar las que contengan información inexacta o espuria.
Las entidades estatales tienen el deber de verificar la veracidad de la información para evitar vicios en la adjudicación y en el contrato y rechazar las que contengan información inexacta o espuria.