La Corte recomendó capacitar al personal del Estado y los operadores de justicia, para garantizar que «cuenten con los conocimientos necesarios para identificar actos y manifestaciones de violencia en línea contra las mujeres periodistas, protegerlas en situación de peligro e investigar, enjuiciar y sancionar adecuadamente a los perpetradores». Además, estimó que la prevención comprende la obligación de recopilar información cualitativa y cuantitativa sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres basada en el género que experimentan las mujeres periodistas.
