El fin último de la jurisprudencia constitucional en materia de estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada es la protección a la maternidad, dando un trato preferente a este grupo de mujeres que, como sujetos de especial protección, merecen una atención del Estado, no solo por ellas, sino en atención a «velar por la garantía de los derechos de la persona que está por nacer o del recién nacido», dentro de contextos donde existe una relación laboral o de prestación de servicios.
