Corte declara exequible norma que permite que la defensoría del pueblo vincule mediante la figura del contrato de prestación de servicios a abogados para desempeñarse como defensores públicos en materia penal de aquellos ciudadanos que no pueden pagar un abogado por cuanto al ser un servicio público ello no viola los mandatos constitucionales; y otras.

Se adoptan medidas para mitigar los efectos adversos ocasionados por el cambio de la tasa de interés moratorio LIBOR a la SOFR en los contratos y demás negocios jurídicos suscritos para la evaluación, exploración y producción de hidrocarburos.

Se adopta el Sistema de Información de Guías Digitales (SIGDI), relativa a la actividad de transporte terrestre, fluvial, marítimo y férreo de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, mezclas y otros derivados del petróleo.

Se adoptan medidas en materia de agricultura y desarrollo rural, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira.

Se adoptan medidas en materia de asignación o modificación de obligaciones de hacer contenidas en los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, para el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira.

Se adoptan medidas en materia de salud en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira.

Existen distintas alternativas que las entidades estatales pueden tener en cuenta para efectos de verificar si una determinada persona cumple con sus obligaciones de carácter alimentario y si, en efecto, está en capacidad o no de contratar con el Estado.

En los casos en que se requiera adicionar un contrato que tenga por objeto la interventoría de otro contrato, por cuanto el contrato objeto de vigilancia no ha concluido, ya sea porque fue suspendido el plazo o porque se amplió el plazo de ejecución, la situación se regirá por la norma especial, contenida en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado está facultada para solicitarle concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil, con el fin de precaver un litigio o poner fin a uno existente cuando se trate de controversias jurídicas entre entidades del orden territorial.

Para evitar el desarraigo del servidor, se recomienda a las entidades públicas implementar el teletrabajo suplementario, en el cual, no sería viable cambiar el lugar de residencia para desarrollar el mismo desde otra ciudad.