Se establecen los trámites administrativos que se deben surtir ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), en relación con las licencias de fabricación de derivados de cannabis.

Los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años que dependían económicamente del causante pensionado por vejez, tienen derecho a la pensión de sobrevivencia, siempre y cuando sean estudiantes y su calidad de tal se encuentre debidamente acreditada.

La EPS es la entidad competente para brindar todos los servicios de salud necesarios teniendo en cuenta las condiciones de salud y patologías de los pacientes; si el médico tratante considera que en sustitución de una posible hospitalización se puede prestar atención domiciliaria, será competencia de la EPS garantizar las condiciones para esta modalidad de atención.

La exigencia legal de haber descontado el 70 % de la pena, para que una persona condenada por los Jueces Penales del Circuito Especializado, accedan al permiso de hasta 72 horas, no es incompatible con el principio de igualdad; y otras.

Se busca establecer el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez.

Se imparten instrucciones generales y condiciones técnicas de remisión de datos de las Cajas de Compensación Familiar a la Superintendencia del Subsidio Familiar con fines de inspección, vigilancia y control.

Se expiden los lineamientos técnicos, administrativos, y las condiciones mínimas para la operación del PAE, en el marco de la Declaratoria de Situación de Desastre de Carácter Nacional – línea de intervención 1.2 Hambre Cero.

Se determina el procedimiento de cobro y pago que aplicará la ADRES en relación con los servicios de salud prestados a victimas de accidentes de tránsito amparados por el SOAT con rango diferencial por riesgo.

Se adopta la metodología para definir el ajuste definitivo del Presupuesto Máximo de la Vigencia 2021 a asignar a las EPS de ambos regímenes y a las entidades adaptadas, resultado de la revisión de que trata la Resolución 1408 de 2020.

Por la cual se actualiza el procedimiento técnico-científico, participativo, de carácter público, colectivo y transparente que determina las tecnologías y servicios que no serán financiados con recursos públicos asignados a la salud.