El artículo 133 de la Ley 100 de 1993 es aplicable tanto en el sector privado como para los trabajadores oficiales y procede únicamente cuando el trabajador no está afiliado al sistema general de pensiones por omisión del empleador.

Los empleadores deben responder por el cálculo actuarial correspondiente a periodos en los que la prestación del servicio estuvo a su cargo, pese a que no tuvieran la obligación de afiliar a los trabajadores al ISS por falta de cobertura.

El arraigo familiar es un aspecto que debe entrar a considerar el INPEC al momento de evaluar una solicitud de traslado, con el fin de evitar una agravación injustificada de la restricción al derecho a la unidad familiar, sumado a que se ha considerado que la cercanía con el grupo familiar tiene efectos positivos en el proceso de resocialización.

La Corte declaró que el régimen tarifario del impuesto sobre la renta para usuarios industriales de las zonas francas se ajusta a los principios de legalidad y de certeza tributaria. no obstante, estimó que su regulación desconoce los principios de buena fe y de confianza legítima, lo que conllevó a condicionar la norma en el entendido que el régimen tarifario del artículo 101 de la Ley 1819 de 2016 continuará rigiendo para los contribuyentes que hubiesen cumplido las condiciones para acceder al mismo antes del 13 de diciembre de 2022, fecha de entrada en vigencia de la Ley 2277 de 2022.

Para la procedencia de costos, es necesario acreditar la correspondiente factura o documento equivalente, según corresponda, lo que no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora en aras de verificar la realidad de la operación.

La excepción a la aplicación de la regla de subcapitalización establecida en el parágrafo 4 del artículo 118-1 Estatuto Tributario solo abarca a las sociedades, entidades y vehículos de propósito especial que tienen a su cargo el proyecto de infraestructura de servicios públicos, con exclusión de las empresas prestadoras de servicios públicos, en tanto estas últimas no corresponden a las entidades o vehículos de inversión de propósito especial para el manejo de proyectos de infraestructura. Vigencia de los conceptos 056282 de 2014, 025661 de 2015, 034420 de 2015, 022264 de 2016 y 1173 [32738] de 2016.

La Corte Constitucional determinó que el parágrafo 4 del artículo 240 del Estatuto Tributario, tal como fue modificado por el artículo 10 de la Ley 2277 de 2022, no desconoce los principios de certeza y legalidad tributarios, pero que debe ser condicionado a fin de que la sobretasa para los generadores de energía eléctrica a través de recursos hídricos solo se aplique a dicha actividad y no a actividades diferentes desarrolladas por los contribuyentes del impuesto sobre la renta; y otras.

La habilitación de la doble conformidad se produce para las sentencias que fueron proferidas luego del 30 de enero de 2014 y, contrario sensu, frente a aquellas que fueron proferidas con anterioridad a esta fecha, no procede dicha figura procesal.

La entrevista forense realizada a niños, niñas y/o adolescentes víctimas de delitos sexuales como prueba de referencia y su incorporación.

Corte declaró la exequibilidad de las causales y condiciones bajo las que procede la medida policiva de traslado por protección, y la exequibilidad condicionada de su término máximo de duración de 12 horas, en el entendido de que éste comienza a correr a partir del momento en que la policía nacional se hace cargo de la persona sujeta de traslado.