El feminicidio es la expresión final, más brutal y más grave, de una continuada manifestación de violencia contra la mujer por razones de género que pueden tener su origen en estereotipos sociales, discriminación y violencia, en sus diversas modalidades, hacia las mujeres y las niñas o marcadas desigualdades en las relaciones de poder o subordinación entre hombres y mujeres, conductas cuyo trasfondo no es otro que dominar o controlar la vida o la sexualidad de las mujeres, castigando con la muerte a las que no se sometan.

El proceso administrativo de restablecimiento de derechos a las niñas, los niños y adolescentes.

La protección que la jurisprudencia otorga a la familia, concretamente en lo relacionado con las prestaciones pensionales, cobija a todo tipo de familias sin importar si su origen es consanguíneo, jurídico o de crianza.

Corte declaró inexequible la expresión «la resolución de conflictos societarios,» contenida en el numeral 5, literal b, del artículo 24 del Código General del Proceso; y otras.

El artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no siempre aplica para personas que sufren contingencias o alteraciones momentáneas de salud o que padecen patologías temporales, transitorias o de corta duración, toda vez que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Estatutaria 1618 de 2013 prevén tal protección únicamente para aquellas deficiencias de «mediano y largo plazo» que al interactuar con barreras de tipo laboral impiden su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás.

Corte declara exequible norma que permite que la defensoría del pueblo vincule mediante la figura del contrato de prestación de servicios a abogados para desempeñarse como defensores públicos en materia penal de aquellos ciudadanos que no pueden pagar un abogado por cuanto al ser un servicio público ello no viola los mandatos constitucionales; y otras.

La prohibición de designar como peritos a «los menores de dieciocho (18) años» no vulnera la igualdad.

La Corte declaró la exequibilidad de la norma enunciada en el primer inciso del artículo 157 de la Ley 1098 de 2006, que prohíbe la celebración de acuerdos entre la defensa y la fiscalía en los procesos de responsabilidad penal para adolescentes.

Si bien el objeto social de la demandante indica que presta servicios de salud, ninguno de los medios de prueba que obran en el plenario demostraron las circunstancias propias de la desgravación del ICA es decir, que los ingresos provienen del régimen contributivo o subsidiado, en cumplimiento del POS o del plan de beneficios en salud, o de pagos efectuados por el ADRES, o por recursos de Regímenes Especiales de Seguridad Social en Salud o derivados del Sistema de Seguridad Social en Riesgos Laborales.

Si bien el reparto proporcional de este impuesto de conformidad con el artículo 490 ET tiene cabida cuando no es posible la imputación directa del IVA descontable, también lo es que la distribución ocurre luego de determinarse el porcentaje en que cada operación gravada, exenta o excluida participó en el desarrollo de la actividad económica del contribuyente.