Trabajadores con concepto de rehabilitación desfavorable tienen derecho al pago del subsidio por incapacidad temporal y a que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) inicien de inmediato la calificación de invalidez; y otra.

Los ingresos brutos calculados en la forma señalada en el artículo 10 de la Ley 26 de 1989 no eran los únicos que debían considerarse a efectos de determinar la renta líquida gravable prevista en el artículo 26 del Estatuto Tributario, pues ello implicaría limitar el espectro de sujeción de las demás rentas gravables, percibidas por los distribuidores minoristas de combustibles, lo que per se desconocería el hecho imponible del impuesto sobre la renta, i.e., gravar las rentas percibidas por el contribuyente atendiendo a su real capacidad contributiva.

El derecho a la educación es un derecho fundamental que demanda ciertos deberes, en razón a la condición de indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, entre ellos, se encuentra la obligación de adoptar medidas progresivas que propendan por el interés superior de los niños, las cuales incluyen garantizar el acceso a una educación completa, digna y de calidad, el cual deberá revestir de las características de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.

La variación de la calificación jurídica hecha por el juzgador, del delito de acceso carnal violento agravado, en lugar del de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, que fuera objeto de acusación, no se realizó con observancia de las reglas jurisprudenciales que rigen la materia.

La obligación de reparar los perjuicios causados con la conducta punible, vista como condicionante de la suspensión de la ejecución de la pena, tiene una naturaleza genérica, es una admonición que sólo podrá concretarse y verificarse su cumplimiento dentro del término fijado por el juez hasta tanto se especifique la prestación u objeto de la obligación indemnizatoria, producto del fallo que decide el incidente de reparación integral o, en su defecto, por vía de lo decidido en la jurisdicción civil.

Los bienes públicos, cualquiera sea su categoría (de uso público o fiscales) son ajenos al derecho que disciplina la propiedad o dominio privado de las personas particulares naturales o jurídicas, y comparten las características de ser inembargables, imprescriptibles e inalienables.

Para acreditar la discapacidad no se requiere de prueba solemne y concomitante a la terminación del vínculo laboral, lo importante es que el empleador tenga conocimiento de la condición del trabajador, para así asumir con cuidado la potestad de prescindir de sus servicios, bien sea logrando su calificación o esperando el resultado de aquella.

Defecto sustantivo por indebida interpretación del Convenio de la Haya de 1980 dentro del proceso de restitución internacional de menores al desestimar la caracterización de la retención ilícita, bajo un argumento meramente formal, sin analizar el desconocimiento del bien jurídico protegido por la convención.

Para blindar los derechos del propietario el legislador determinó la imposibilidad de adquirir por prescripción cuando quiera que exista un título de mera tenencia, salvo cuando concurran los presupuestos contemplados en el artículo 2531 del Código Civil.

La decisión de adoptar la medida de restablecimiento en la modalidad de hogar sustituto y permanencia de un menor de edad en un hogar sustituto debe estar precedida y soportada por la verificación de las circunstancias que permitan determinar la verdadera existencia de una situación de riesgo, peligro o abandono y que vulnere sus derechos fundamentales.