Instrucciones para la implementación de medidas con enfoque intercultural y diferencial para la garantía del derecho a la salud de los habitantes del Departamento de la Guajira.

No es viable reconocer la legítima defensa pues la situación de riña descarta el reconocimiento de la causal de justificación excluyente de la antijuridicidad y por tanto, de la entidad delictiva de la conducta.

Se modifican los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción y se incorporan las transferencias monetarias al Sistema de Transferencias creado por la Ley 2294 de 2023.

La Corte declaró exequible la restricción para proponer excepciones en el marco del proceso de expropiación, tras determinar que tal limitación no vulnera los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia; y otras.

Se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa, para reglamentar la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula de las Escuelas de Formación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Los únicos documentos que se pueden exigir para reconocer una pensión de sobrevivientes como hijo en situación de invalidez, son aquellos que sean necesarios para (i) acreditar la relación filial, (ii) probar que el hijo se encuentra en situación de invalidez y (iii) demostrar la dependencia económica frente al causante.

El servicio de cuidador debe estar a cargo del núcleo familiar, y solo en casos excepcionales del Estado, cuando no se cuenta ni con la capacidad física de prestar las atenciones requeridas, o también porque resulta imposible brindar el entrenamiento o capacitación adecuado a los parientes encargados del paciente; y hay carencia de los recursos económicos necesarios para asumir el costo de contratar la prestación de ese servicio.

La Corte Constitucional decidió anular las sentencias T-430 de 2022 y T-158 de 2023 al constatar la violación del debido proceso al desconocer en su fundamentación y en las decisiones adoptadas, los efectos que se siguen de la existencia de la cosa juzgada constitucional de la sentencia C-055 de 2022 y del precedente reiterado de este tribunal.

Se reglamenta el artículo 348 de la Ley 2294 de 2023, que crea el Programa Nacional Jóvenes en Paz.

Una de las consecuencias más importantes de la inclusión en el REDAM es la aparición de una inhabilidad para celebrar contratos con el Estado; inhabilidad que también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado.