La UGPP no puede desconocer los costos y gastos registrados en la declaración de renta, puesto que, para este asunto, ese fue el medio probatorio utilizado para determinar los ingresos, y como se reitera, la entidad no puede hacer uso de este denuncio solo para asuntos que la beneficien y rechazar aquellos que disminuyan la base gravable, tal como lo son las erogaciones.

Se regulan los factores de reconocimientos económicos por traslado involuntario por adquisición predial y se dictan otras disposiciones.

Se crea una transferencia no condicionada para atender a las familias con niños y niñas en primera infancia y/o madres gestantes, que se encuentren en estado de desnutrición o en riesgo inminente de estarlo en el departamento de La Guajira y se toman otras medidas que permiten la atención integral de esta población en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Partiendo de la definición técnica de «propiedad planta y equipo» referida a activos tangibles, así como la de «inventarios», esta calificación, excluiría per se otro tipo de activos que pudieran ser indispensables para el desarrollo de algunas actividades económicas. Nulidad parcial del artículo 1.2.1.23.1.1 del DUR. 1625/16.

Concepto general sobre la tributación de los nómadas digitales.

Son válidas las entregas a personas distintas de los representantes legales de las sociedades contribuyentes, sin perjuicio de que éstas puedan demostrar la inexistencia de relación alguna con el receptor del correo y, por esa vía, desvirtuar la presunción; esto porque los representantes legales no son siempre las personas encargadas de atender al público en general o recibir la correspondencia que le envían, salvo prueba en contrario.

Obligación de preparar estados financieros consolidados y del registro de la situación de control en Cámara de comercio.

Se expide la certificación de que trata el artículo 6 de la Ley 1393 de 2010, modificado por el artículo 348 de la Ley 1819 de 2016.

Las Normas Corporativas Vinculantes solo podrán ser sometidas a la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de datos, una vez las mismas hayan sido aprobadas por el órgano correspondiente según los estatutos de la sociedad o los acuerdos del grupo empresarial, solo estarán vigentes a partir de la fecha en que sea emitida la certificación y el grupo empresarial deberá informarlo en su página web. Si las normas no son aprobadas, los ajustes requeridos por la citada Superintendencia deberán ser aprobados por el órgano social o contractual correspondiente, antes de ser nuevamente sometidas a aprobación.

Al fijarse un tope de 100 UVT para pagos en efectivo, la ley buscaba limitar el valor de transacciones, independientemente de si beneficiaban o no a un mismo destinatario. Entonces el carácter «individual» al que alude la norma se refiere a una transacción particular, y no al individuo que percibe el pago, como lo entiende la administración en los oficios demandados. Nulidad parcial de los Conceptos 100202208-0935 y 019954 de 2018.