La Corte declaró inexequible la expresión «de sexo diferente», contenida en el artículo 62 del decreto Ley 274 de 2000, por considerarla contraria al principio de igualdad; y otras.

La Corte recomendó capacitar al personal del Estado y los operadores de justicia, para garantizar que «cuenten con los conocimientos necesarios para identificar actos y manifestaciones de violencia en línea contra las mujeres periodistas, protegerlas en situación de peligro e investigar, enjuiciar y sancionar adecuadamente a los perpetradores». Además, estimó que la prevención comprende la obligación de recopilar información cualitativa y cuantitativa sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres basada en el género que experimentan las mujeres periodistas.

El Legislador consagro la prohibición de que las Cooperativas de Trabajo Asociado actúen como empresas de intermediación laboral, dispongan del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o terceros beneficiarios, remitan a los asociados como trabajadores en misión con la finalidad de que atiendan labores propias de un usuario o tercero beneficiario del servicio, o permitan que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes; y como consecuencia, estableció que el asociado que acuda a estas prácticas se considerara trabajador dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficie con su trabajo.

Para la Corte, la aplicación del denominado «sistema de bandas», como justificante de un tratamiento salarial diferente a dos trabajadores que «tienen el mismo puesto de trabajo, con la misma jornada», está supeditada a que los criterios de calificación sean objetivos, en tanto ceñidos a los principios y valores de la Constitución y la ley.

la Corte mantiene la restricción del consumo de sustancias psicoactivas, incluso la dosis mínima, en parques y en espacios públicos, para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y conforme a la regulación que expidan las autoridades locales competentes. el Gobierno Nacional deberá proferir un protocolo de aplicación que garantice los derechos fundamentales; y otras.

Deben evaluarse los factores que provocan que la familia de origen no cumpla con el deber de cuidado y protección de los menores de edad, de forma que pueda determinarse si en efecto justifican el rompimiento del vínculo familiar, o por el contrario, en aras de su preservación, son susceptibles de ser superados a través de la adopción de otras medidas, con miras a asegurar que el hogar dispensado por ese núcleo permita «su desarrollo armónico e integral».

La UGPP rechazó los costos y gastos, que la actora pretendió demostrar con el Estado de Resultados y el Balance General, debido a su falta de aptitud probatoria, como quiera que con ellos no fueron allegados los respectivos soportes, de conformidad con los artículos 617, 618 y 771- 2 del Estatuto Tributario.

La sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo.

Si bien el certificado de revisor fiscal constituye prueba contable conforme con el artículo 777 del Estatuto Tributario, la idoneidad de esa clase de certificaciones dependerá de su grado de detalle y de la calidad de los comprobantes que los acompañen.

Las personas que no hayan cumplido los requisitos para financiar una pensión tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a éste hubiere lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho.